Buscando la humillación de las mujeres

A medida que se van conociendo los detalles de la contrarreforma de la Ley del aborto del PP, la indignación es mayor. Transcribo los pasos que la mujer que decida no tener hijos tendría que seguir con el único supuesto aplicable en el 99% de los casos: el de peligro para la salud psíquica de la madre, recogido de la edición de El País del domingo 29 de diciembre. Invito a la lectura, porque sólo al hacerlo podemos ser conscientes de la humillación a la que pretende someter a las mujeres, especialmente a ellas, para poder decidir algo tan íntimo, tan personal, tan doloroso, tan delicado como es la interrupción de un embarazo no deseado.

1. La mujer va al ginecólogo (público o privado) o al médico de cabecera y dice que está embarazada y que quiere abortar. Si alega riesgo para su salud psíquica, el médico —tras confirmar el embarazo— la deriva a un psiquiatra o le da la opción de que lo elija ella.

2. El psiquiatra la recibe y determina que, en efecto, si esa mujer sigue adelante con el embarazo existe un riesgo de “menoscabo importante” y “duradero en el tiempo” para su salud (tiene que constatar esos dos elementos). Le firma el informe.

3. La mujer tiene que buscar entonces un segundo psiquiatra, que le hace otra entrevista y, si está de acuerdo con el primero, le firma el informe. Puede ocurrir que sea vista desde el inicio por los dos médicos, ya que en la mayoría de los equipos de psiquiatría de hospitales o clínicas hay varios especialistas. ¿Qué ocurre si los dos psiquiatras tienen opiniones diferentes? Habrá que pedir la opinión de otro, hasta conseguir que dos psiquiatras firmen el informe. Los dos psiquiatras pueden trabajar en centros públicos o privados, y pueden trabajar ambos en el mismo centro, pero ninguno de ellos puede estar empleado en el centro (público o privado) que después vaya a practicar el aborto.

4. Uno de los dos psiquiatras tiene que dar, además, a la mujer, de forma “personal, individualizada y verbal”, información clínica explicándole dos cosas: los riesgos que el aborto puede conllevar “para la salud de la mujer y para su maternidad futura” y las consecuencias que sobre su salud psíquica tendría seguir con el embarazo. Tras explicarle esas dos cosas, el médico le extiende un certificado. Según fuentes del Ministerio de Justicia, los informes médicos serán sufragados por la Administración (igual que la propia intervención, porque el aborto forma parte de los servicios incluidos en la cartera de la sanidad pública); en el caso de que la mujer haya acudido a médicos privados, ella paga los informes y después “se le reembolsará” el dinero.

5. Con los dos informes médicos y con la certificación de haber recibido la información clínica sobre los riesgos que conlleva abortar, la mujer es derivada por el ginecólogo o médico de cabecera que la atendió al principio (o acude directamente ella misma) a los servicios de salud o servicios sociales. Estos tendrán que prestarle un “asesoramiento asistencial completo”, también de forma “personal, individualizada y verbal”, es decir, concertando una cita. El Ministerio de Justicia asegura que esa cita se concertará “de forma inmediata, ese mismo día o al día siguiente”, saltándose las listas de espera si las hubiera. El “asesoramiento asistencial completo” incluirá: información de que “la vida del no nacido constituye un bien jurídico protegido por la Constitución”; orientación “sobre el modo de resolver los problemas y conflictos” personales que la mujer haya alegado como razón para abortar; un “estudio de la posibilidad de actuar directamente” sobre esos conflictos con ayuda de la Administración; e información sobre las alternativas al aborto (ayudas públicas, guarda administrativa del niño, acogimiento o adopción).

La derecha española prefiere la hipocresía del supuesto de peligro para la salud psíquica de la madre, que se resolvió con la LEY DE PLAZOS y que no produjo aumento en el número de abortos en los 2-3 últimos años. Pero además, quiere darle una bofetada pública y sonora a todas las que se atrevan a alegar ese supuesto.

Todo esto es humillante para las mujeres. Y a mi me indigna como ciudadano. No se puede obligar a las mujeres a una maternidad forzosa. Por cierto, tampoco a los hombres.